El sector de Seguridad-Vigilancia lleva una serie de años en un descontrol tal que pone en peligro la propia subsistencia del Sector.
Las grandes (y prestigiosas) empresas del sector (Securitas, Prosegur, Trablisa) desestiman muchos concursos y posibles contrataciones porque con pujas y precios a la baja, el margen es tan pequeño que ante cualquier riesgo de impago pueden verse en riesgo de concurso de acreedores, como ya ocurriera anteriormente con Ombuds (8.000 empleados y más 40 millones euros de deuda solo con la Agencia Tributaria) o INV (posteriormente Norvik, que pasó de 2.200 empleados a 500 y al concurso acreedores).
El número de vigilantes de seguridad activos supera los 142.000 profesionales, y el 95% de estos vigilantes cuenta con contratos indefinidos, lo que demuestra la estabilidad laboral en el sector, aunque estable no implica el no estar convulso y amenazado.
Una de sus grandes amenazas es la diferencia salarial entre sus profesionales, y, por tanto, también de presupuestos y facturas a clientes, que dan por resultado que cada cierto tiempo aparezcan empresas más listas y agresivas que las demás y que, al cabo de un tiempo, implosionan económicamente hablando.